El objetivo de este capítulo es plantear un argumento institucional a favor del acceso directo de los ciudadanos al control de constitucionalidad en el marco de los Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El eje central de ese argumento está conformado por la tesis de la Corte Interamericana sobre la responsabilidad de los Estados por la expedición y la aplicación de leyes contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el principio de subsidiariedad de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. A este argumento central se añadirán las razones a favor de la acción pública de constitucionalidad que derivan del control de convencionalidad y del diálogo judicial.