El documento examina el régimen probatorio que rige los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando su carácter flexible y orientado a la protección efectiva de los derechos humanos. Se analiza cómo la Corte ha desarrollado criterios propios para la admisibilidad, valoración y suficiencia de la prueba, sin apegarse estrictamente a normas procesales formales de los sistemas internos. El texto resalta que la Corte otorga amplio valor a la prueba testimonial, documental y pericial, permitiendo incluso la incorporación de pruebas de oficio cuando sea necesario para esclarecer la verdad. También se enfatiza el principio pro persona, que guía la interpretación y aplicación de las reglas probatorias en favor de la víctima. En conclusión, el régimen probatorio interamericano busca garantizar un debido proceso con enfoque de derechos humanos, superando formalismos en favor de la justicia material y el acceso real a la verdad y la reparación.