Este capítulo ofrece una reflexión profunda y sugerente sobre cómo el acceso directo de los ciudadanos al control abstracto de constitucionalidad puede transformar la eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al permitir que las propias instituciones internas corrijan de manera temprana las leyes contrarias a la Convención Americana. A través de un análisis riguroso de la jurisprudencia interamericana y de los distintos modelos de acceso a la justicia constitucional, los autores muestran por qué la acción pública de inconstitucionalidad no solo fortalece la democracia y el principio de subsidiariedad, sino que también promueve un diálogo judicial más robusto entre tribunales nacionales e internacionales. El capítulo invita a explorar cómo este mecanismo puede convertirse en una herramienta decisiva para garantizar la protección real y efectiva de los derechos humanos en la región