Este documento examina la tensión entre el modelo de constitucionalismo débil —que limita el poder de los jueces constitucionales en favor del legislador democrático— y el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana. Se cuestiona si esta Corte, al expandir su poder de interpretación y control, mantiene legitimidad democrática. Se analizan las críticas al poder contramayoritario de la Corte, así como las justificaciones normativas que sustentan su papel: defensa de derechos fundamentales, protección de minorías y corrección de fallas estructurales del sistema político. El texto destaca cómo en Colombia la justicia constitucional ha sido crucial para superar déficits de representación y fortalecer el Estado de derecho. El autor propone que, más que debilitar el modelo, se deben fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana y deliberación institucional. Así, se puede equilibrar el poder judicial con la democracia representativa, sin renunciar a un constitucionalismo robusto y protector de derechos.