Este capítulo ofrece un análisis profundo y actual de las amenazas que enfrentan la democracia y el Estado de derecho en América Latina, así como del papel crucial que cumple la jurisdicción constitucional para enfrentarlas. Los autores parten del diagnóstico de una erosión democrática gradual, caracterizada por el debilitamiento de la separación de poderes, la concentración del poder en los ejecutivos, la cooptación de tribunales y el uso estratégico del constitucionalismo abusivo para perpetuar liderazgos y restringir derechos. Frente a este escenario, el capítulo defiende que la intervención judicial no es una causa del deterioro democrático, sino una respuesta necesaria y pro-democrática cuando fallan los canales políticos tradicionales. A partir del caso colombiano, se muestra cómo la Corte Constitucional ha actuado como un mecanismo de contención frente a derivas autoritarias, controlando reformas constitucionales abusivas, evitando la elusión del control judicial y protegiendo principios estructurales como la alternancia en el poder, la independencia judicial y la igualdad democrática. El texto subraya, además, que la crisis democrática está íntimamente ligada a la desigualdad estructural, que excluye a amplios sectores de la población del debate público y debilita la legitimidad del sistema político. En este contexto, la jurisdicción constitucional aparece como un actor central del constitucionalismo transformador, capaz de articular protección de derechos, corrección institucional y defensa activa de la democracia frente al populismo y el autoritarismo contemporáneos.